¿Qué pasa cuando una persona sin papeles sufre un delito? En la mayoría de los casos, el crimen queda impune porque nunca llega a denunciarse
Explotación laboral, trata de personas, violencia de género, agresiones, abusos, discriminación, robos, estafas, delitos de odio… El listado es largo y la probabilidad de que una persona en situación irregular sufra uno es alta, corroboran las entidades e instituciones entrevistadas para este reportaje. Son las más vulnerables, quienes están más desprotegidas y sobre quienes es más fácil delinquir sin consecuencias.
El Observatorio de la Realidad Social de 2015 publicó que había 3.582 personas en situación irregular en Navarra.
D. lleva unos meses en Pamplona. Salió hace un año de Argel (Argelia). Llegó en patera y tras ser rescatados, fue ingresado en un CIE (centro de internamiento para extranjeros) en Murcia. “No nos trataban como a seres humanos”, resume. Golpes, insultos… “No puedes contar nada cuando salgas, nos decían los guardias”.
Las denuncias de maltrato, hacinamiento y vulneraciones de derechos humanos en los CIE son frecuentes. Periódicamente se publican los testimonios de los internos que afirman haber sufrido torturas y se suceden las protestas a las puertas de esos centros, especialmente, en el de Aluche (Madrid), donde se producen motines e intentos de fuga.
D. está en Pamplona en situación irregular. Foto Iñaki Porto.
P. no quiere recordar. Es comprensible. Fue hace años, dice. Ahora tiene una hija, un trabajo, y no le gusta que vuelva esa tristeza que resurge cuando rememora el tiempo que estuvo prostituyéndose en la calle. Debía pagar una deuda de 40.000 euros a la madameque la trajo de Nigeria y que nunca logró finiquitar. No quiere recordar que la forzaron a prostituirse, las amenazas, los “malos” clientes, el miedo, el hambre, los abusos… “Hay mucha violencia en los clubes, en la calle”.
Violaciones, abusos sexuales, agresiones, robos y extorsiones son los delitos que recogen las asociaciones que trabajan con mujeres en situación de prostitución y víctimas de trata.
Estas entidades calculan que 800 mujeres ejercen la prostitución en Navarra. Suelen llegar con un visado de turista o a través de un largo periplo con una red de trata con la que adquieren elevadas deudas (hasta 50.000 euros). Una vez aquí, todo está “montado” para tenerlas bajo control. Viven en propiedades de la trama, donde les cobran por la estancia, la luz, las sábanas, la ropa, la comida… incluso por salir a la calle. Promueven que caigan en adicciones al obligarlas a emborracharse y tomar drogas con los clientes.
P. viajó de Nigeria a Ghana, Níger, Francia, Bélgica... hasta Valencia. Rehizo su vida en Pamplona. Fotos: Iñaki Porto.
EXPLOTACIÓN LABORAL
La mayoría de los delitos que llegan a Cáritas se engloban dentro de la explotación laboral, cuenta Vicente Blasco, encargado del programa de atención al inmigrante: “Trabajan ocho horas y les cotizan dos, no les hacen contrato, están de sol a sol por comida y alojamiento, de eso hemos tenido bastantes casos en el norte y en la Ribera. Y gente del servicio doméstico que soporta abusos sexuales, que no le pagan lo que le deben”.
Cruz Roja Navarra, con otras entidades, se unieron para dignificar ese sector del servicio doméstico y cuidado de mayores o niños e intermediar entre quienes emplean y quienes quieren trabajar, explica María Esther Fernández, directora del Plan de Empleo de la entidad. Con alta en la Seguridad Social y con unas condiciones mínimas salariales. Es decir, acabar con la práctica de le pongo cama y comida y que cuide de mis mayores.
Fernando Cegoñino, jefe del Grupo de Investigación de la Brigada de Extranjería de la Policía Nacional, estima que el delito mayoritario es la explotación laboral: “La gente quiere trabajar y a menudo el que lo emplea ve una ocasión para no hacerle contrato y no inscribirle en la Seguridad Social”. También hay estafas, sobre todo para conseguir los papeles (compraventa de contratos o los empadronamientos falsos).
Serge llegó a Pamplona desde Camerún con la promesa de un trabajo, como encargado de elaborar un proyecto de cooperación para su país. Nada de eso sucedió. Era una estafa. “Yo había preparado un proyecto concreto, pero él (el empleador) estaba haciendo otra cosa con el dinero. No sabía qué hacer, quería denunciar, pero mi familia me decía ‘va a acusarte’. Por miedo (no tenía papeles) no hice nada, él se quedó con todo el dinero”.
Dori Iriarte, trabajadora del París 365, resalta que ellas ven una discriminación diaria hacia las personas extranjeras, como dificultades de credibilidad por parte de las instituciones, a la hora de conseguir un alquiler, una mayor vigilancia policial, el rechazo por la calle… “es lo cotidiano”.
“Es la normalización de la discriminación. No somos conscientes de que hay palabras, actitudes, que son semillas de odio que se propagan. Persiste un racismo institucional y social”, considera Beatriz Villahizán, miembro de Sos Racismo Navarra.
Serge llegó con la promesa de un trabajo que no se cumplió. Fotos Iñaki Porto.
¿QUÉ PASA CON TODOS ESOS CASOS?
“Intuimos que hay muchos casos, y normalmente los más graves son los que se quedan sin denunciar”, asume Izaskun Gartzaron, responsable de la oficina de Atención a Víctimas del Delito, situada en el Palacio de Justicia. Este año, de unos 360 casos que han recibido, solo cinco llegaron sin documentos de residencia.
Rafael Paredes, abogado e integrante de Bidean (asesora jurídicamente gratis a inmigrantes), es claro: “En delitos en general, se aguantan. Salvo para la mujer maltratada o víctima de trata, no hay ayudas, el inmigrante sin papeles no existe”.
La legislación sí recoge una protección especial para ciertos delitos. Los artículos 59 y 59bis de la Ley de Extranjería lo establecen para víctimas o testigos de tráfico de personas, derechos de los extranjeros y trata de seres humanos. También para la violencia de género. Si la víctima colabora en el proceso judicial, puede acceder a una regularización permanente y contar con una batería de recursos de alojamiento, manutención y ayudas a la incorporación sociolaboral. Pero, si se retira la denuncia o la sentencia es absolutoria, ese expediente de expulsión se reabre.
“Es sangrante”. Así lo define Virginia Guerra, encargada de Extranjería del Colegio de Abogados, para quien esa desprotección supone dejar impune el delito. A su servicio llegan muy pocos casos, “aunque los hay, muchos, la mayoría no denuncian. No se atreven”.
Quienes lo hacen son la excepción. Son quienes superan no solo el miedo a la expulsión, también las amenazas, las presiones familiares y del entorno, la incertidumbre, la precariedad. Piensan en cómo se sustentarán durante el proceso, y a sus familias, qué pasará después… Para la letrada, “el problema de fondo es que no hay garantías ni recursos para protegerles”.
Fernando Cegoñino, jefe de Investigación de la Brigada de Extranjería de la Policía Nacional, corrobora la dureza de los procedimientos judiciales y pone como ejemplo los casos de trata: “Cuesta mucho convencer a las mujeres de que denuncien y las que lo hacen se encuentran con todo el trauma del proceso, que es larguísimo y hay reconocimientos, sesiones para testificar… no es fácil”.
Es el mantra que se repite: casos hay, pero no se denuncian.
Izaskun Gartzaron atiende en esta oficina a víctimas de delitos. Foto Iñaki Porto.
¿POR QUÉ NO SE DENUNCIA?
Las entidades animan a denunciar cualquier tipo de vulneración que puedan sufrir, dan asesoramiento y acompañamiento, pero no parece suficiente. “Cuando llegan, quieren empezar de cero y no quieren contar por lo que han pasado”, justifica Dori Iriarte, responsable del programa de acogida del París 365.
La falta de información, o una falsa y tergiversada transmitida entre los mismos afectados. También la desconfianza, las presiones de su entorno, las amenazas, la ausencia de campañas de información. Cada escollo suma para que prevalezca el silencio.
Para Beatriz Villahizán (Sos Racismo), confluyen varios factores para que no se llegue a denunciar. En primer lugar, parten de un desconocimiento total, no solo de sus derechos, sino del sistema, de dónde y cómo denunciar, dónde recibir apoyo. Y al desconocimiento se añade su situación de irregularidad, en la que prima pasar desapercibido tres años.
“Ellas (víctimas de trata) vienen de países donde no tienen derechos, por qué van a pensar que los tienen aquí; y, a quienes abusan de ellas tampoco les interesa que lo sepan. Así, asumen su condición y lo llegan a normalizar”, explica Blanca Fraile, técnica de Médicos del Mundo Navarra.
P. nunca denunció: “Cuando me trajeron, yo era menor de edad, ni sabía que eso no estaba bien. Yo veía que en mi entorno era así, había que pagar y trabajar (prostituirse). Nos decían que era lo único que podíamos hacer”.
Mari Mar Osés, trabajadora social de Itxaropen Gune, organización que atiende a mujeres en abandono de la prostitución, añade que entre ellas se impone una especie de “pacto”. No cuentan nada hasta que, al menos, han pagado su deuda. Algunas de las mujeres a las que acogen han tardado años en hablar.
Las ONG consultadas coinciden en que deben denunciar, pero también asumen que ha habido casos de órdenes de expulsión aparejadas. Además, agrega Virginia Guerra, abogada de Extranjería, “si la Policía detecta a una persona en situación irregular puede abrirle un expediente de expulsión aun cuando son víctimas de un delito, se quedan con la orden”. Guerra aconseja ir al juzgado de guardia para delitos menores, como robos, hurtos, estafas o lesiones.
